Así lo ha puesto de relieve el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, dentro del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados.

 

En concreto, el responsable del CERMI ha estimado en 225 millones de euros el fondo de rescate que precisa el ámbito de la discapacidad para hacer frente a los efectos de la COVID-19 que, a su juicio, debe enmarcarse en otro más amplio de 1.000 millones para todo el tercer sector de acción social. 

 

Además, a medio plazo, ha planteado la necesidad de que se establezca un marco de financiación del tercer sector que le dé estabilidad y le permita abandonar “la agonía perpetua” en la que vive, para lo que ha llamado a “poner las luces largas” y a usar como marco la Ley del Tercer Sector aprobada en 2015.

 

 

El presidente del CERMI ha iniciado su intervención con un recuerdo “sentido y dolido” a las personas que han perdido la vida por la pandemia y a las que se han visto damnificadas por una crisis sanitaria que, como ha expuesto, ha castigado “en proporción desorbitada” a las personas con discapacidad, al igual que a las personas mayores, y “no solo por factores de salud, sino sociales, políticos, económicos y legales que nos colocan en posiciones de fragilidad extrema”. 

 

Precisamente, al ser las personas mayores el colectivo más afectado por la pandemia, ha solicitado que el movimiento asociativo de mayores sea llamado a intervenir en esta comisión, porque “nos lo debemos como país”. 

 

Igualmente, ha reprobado las situaciones de discriminación que se han producido hacia personas con discapacidad y mayores en los peores momentos de la pandemia a la hora de tener que decidir quién recibía o no un determinado tratamiento médico. Así, aunque ha reconocido “los momentos de colapso del sistema”, ha advertido de que no se puede dar “menor valor” a determinadas vidas, y “contra eso nos revelamos”.

 

En la enumeración de propuestas del sector de la discapacidad, Pérez Bueno ha urgido a elevar a categoría de fundamentales los derechos sociales en la Constitución y en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas; aprobar un nuevo marco legal de inclusión laboral, para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad al 50% en cinco años, con especial atención a las mujeres con discapacidad, y reforzar la apuesta por la asistencia personal y por fórmulas que permitan la vida en comunidad, con los apoyos necesarios.

 

En esta línea, se ha detenido para pedir soluciones habitacionales diferentes, dado que se ha demostrado la especial vulnerabilidad de las personas que viven en entornos colectivos tradicionales.

 

 

Asimismo, ha exigido mejorar en todos los ámbitos la accesibilidad universal (cognitiva, física y sensorial) para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los entornos, bienes y servicios en igualdad de condiciones. 

 

En este sentido, ha denunciado que existen muchas personas con movilidad reducida (unas 100.000 en España) que viven un “confinamiento permanente” por barreras arquitectónicas en edificios de viviendas, que les impiden entrar y salir libremente de sus domicilios. Para ello, ha instado a modificar la Ley de Propiedad Horizontal, de manera que las comunidades de vecinos no puedan negarse a acometer las reformas necesarias.

 

También ha puesto en valor el papel de las nuevas tecnologías para la inclusión de las personas con discapacidad, como se ha demostrado durante la pandemia, si bien ha lamentado que todavía existan importantes carencias de accesibilidad para que puedan ser utilizadas por todas las personas con discapacidad, incrementándose así la brecha digital. Además, ha indicado que “la tecnología no es barata”, pero tiene que estar al alcance de las personas con discapacidad y ha planteado que el auge de la inteligencia artificial debe tener en cuenta a las personas con discapacidad.

 

Por otra parte, ha reclamado la creación, “sin más excusas ni demoras”, de un sistema sociosanitario común que atienda de forma global las necesidades de las personas con discapacidad, como las personas con enfermedad mental, daño cerebral adquirido o enfermedades poco frecuentes, entre otras.

 

Ha apremiado también a fortalecer notablemente el apoyo a las familias de personas con discapacidad, “principal soporte y resorte de inclusión”, así como a prestar especial atención a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural.

 

 

Respecto del ingreso mínimo vital (IMV), Pérez Bueno ha calificado la medida de “hito histórico” y de “mejora colectiva”, aunque ha instado a que sea tramitado como proyecto de ley para que se puedan introducir mejoras para que tenga una “mayor sensibilidad” con las personas con discapacidad, dada su situación objetiva de mayor vulnerabilidad.

 

Mejorar la fiscalidad en materia de discapacidad y reforzar la herramienta de la contratación del sector público para promover la iniciativa social han sido otras de las propuestas formuladas por el presidente del CERMI.

 

En el turno de intervenciones de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, las formaciones políticas han planteado cuestiones como la necesidad de terminar con los problemas de accesibilidad existentes; la importancia de dotar de suficiente financiación al tercer sector de acción social para que pueda desarrollar su labor, o la necesidad de reforzar el Sistema de Asistencia Personal y Atención a la Dependencia.